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En conferencia de prensa, el fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), licenciado Rafael Curruchiche, informó que el Ministerio Público, en cumplimiento de su mandato constitucional, presenta al pueblo de Guatemala los resultados de la investigación del caso denominado “UNOPS: Corrupción Presidencial”, relacionado con graves irregularidades en la suscripción de un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
El fiscal explicó que la investigación surgió a raíz de denuncias presentadas en abril de 2024, en las cuales se señalaban presuntos hechos de corrupción y abuso de autoridad en el manejo de fondos públicos.
El Ministerio Público, a través de la FECI, inició las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Hallazgos de la investigación
El agente fiscal Mario Véliz detalló que la investigación estableció irregularidades graves en la firma del memorándum suscrito por el Ministerio de Salud y UNOPS, documento que se ejecutó sin la aprobación del Congreso de la República, a pesar de que el artículo 171, literal L, de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que la aprobación de tratados y convenios internacionales es atribución exclusiva del Congreso.
Asimismo, se comprobó que el Ministerio de Salud no contaba con disponibilidad presupuestaria para asumir los compromisos financieros derivados del convenio.
El monto total del proyecto asciende a USD$943,944,469.00, equivalente a Q7,230,614,632.54, lo que representa una carga económica nociva para el Estado.
De igual forma, según el examen especial de auditoría realizado por la Contraloría General de Cuentas a requerimiento del Ministerio Público, el proyecto con UNOPS generó costos directos e indirectos por USD$143,944,469.00, equivalentes a Q1,115,569,634.75, únicamente por concepto de comisiones, fortalecimiento institucional y otros gastos administrativos.
También se determinó que los supuestos ahorros en las compras de medicamentos fueron mínimos o inexistentes, con descuentos de apenas entre 0 % y 25 %, y que en varios casos se pagaron precios superiores a los que anteriormente adquiría el MSPAS.
Las investigaciones revelaron además que UNOPS compró los medicamentos a los mismos proveedores nacionales, incumpliendo su obligación de realizar procesos internacionales competitivos.
Además, se logró establecer que una parte significativa de los medicamentos adquiridos proviene de la India, y que algunos lotes eran de baja calidad, incluso, el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines del MSPAS resolvió, el 21 de febrero de 2025, suspender la licencia sanitaria del proveedor Farmacofocus Internacional, S. A., al detectar contaminación macroscópica en el medicamento paracetamol (acetaminofén) distribuido bajo el convenio con UNOPS.
A pesar de las advertencias oficiales, en al menos diez hospitales del país se continuó distribuyendo el medicamento contaminado durante varios meses, poniendo en riesgo la salud de los pacientes. Algunos centros incluso reportaron falsamente que el retiro del producto se debía a vencimiento, cuando en realidad fue por contaminación.
Diligencias realizadas por la FECI
En el marco de esta investigación, la FECI, con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, lleva a cabo ocho diligencias de allanamiento en sedes administrativas, empresas farmacéuticas y domicilios vinculados con el caso, así como diez inspecciones en hospitales y bodegas del sistema nacional de salud, donde se constató la distribución de medicamentos contaminados.
Estas diligencias buscan obtener información clave sobre la ruta del dinero, los contratos suscritos, los mecanismos de adjudicación y las irregularidades en las compras y supervisión de medicamentos.
También, se busca hacer efectivas las órdenes de aprehensión giradas por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal en contra de:
• Óscar Arnoldo Cordón Cruz, exministro de Salud Pública y Asistencia Social, por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.
• María Gabriela Chaulón Pérez, por los delitos de asociación ilícita, peculado por sustracción y tráfico de influencias.
• Edwin Romeo Sicán, por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.
• Luis Felipe Aldana Cermeño, jefe del Departamento de Presupuesto del MSPAS, por el delito de falsedad ideológica (orden que ya fue ejecutada).
Asimismo, se presentó una solicitud de antejuicio en contra del actual ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya Pérez, para que pueda ser investigado por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.
El fiscal Curruchiche señaló que este caso no es un hecho aislado. Actualmente, la FECI mantiene 24 investigaciones abiertas en diferentes ministerios e instituciones públicas, derivadas de denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas.
Entre ellas destacan las que involucran al Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ministerio de Educación y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del presidente (SOSEP).
El Ministerio Público reafirma su compromiso con el pueblo de Guatemala de investigar con objetividad, independencia y firmeza todos los actos de corrupción, sin importar el rango o cargo de los involucrados, en defensa de los intereses del Estado y de la transparencia en la administración pública.
