Organizaciones indígenas y sociales reaccionan indignados por decisión del Legislativo de NO retirar la inmunidad al Presidente, Movimientos indígenas y organizaciones sociales mostraron su indignación por la decisión del Congreso de la República de no retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales, para que sea investigado por presuntamente haber incurrido en el delito de financiamiento electoral ilícito, durante la campaña del 2015.

Las organizaciones aseguraron que Jimmy Morales está actuando similar a como lo hicieron funcionarios del gobierno anterior para evadir a la justicia y denunciaron que con la reciente decisión del Organismo Legislativo, se consumó un pacto de impunidad entre la presidencia, los diputados, alcaldes y magistrados para defender sus intereses y privilegios.
Rechazamos que Guatemala sea gobernada por un presidente que además de incapaz es ilegitimo, debido a que no ha esclarecido ante la justicia y el pueblo su involucramiento, el de sus familiares y su partido en acciones de corrupción, financiamiento electoral ilícito y obstrucción a la justicia, declararon los movimientos sociales.
En este contexto, exigieron que el Congreso de la República sea depurado, debido a que este organismo demostró nuevamente su complicidad y componendas con las mafias que pretenden mantenerse en las estructuras del Estado para garantizar su impunidad.
La tarde de este lunes, horas después que la Comisión Pesquisidora que evaluó la solicitud de antejuicio contra el mandatario entregara su informe y recomendaciones, el pleno conoció el documento y votó para que Morales conservara su inmunidad y así evitar que sea investigado.
Únicamente 25 de los diputados votaron para que se le retirara el antejuicio a Morales, de los 125 votos que se necesitaban; no obstante, el mandatario no quedó del todo libre, pues el expediente quedó archivado y puede discutirse nuevamente si un diputado lo solicita.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron la solicitud de antejuicio contra el presidente, debido a que en 2015, cuando fungía como secretario general del FCN-Nación, la organización política recibió fondos para la campaña, los cuales no registró en sus libros contables ni reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Aunque el órgano electoral solicitó en varias ocasiones al partido información sobre las donaciones y los montos, la información no fue remitida y en ocasiones, los documentos fueron presentados fuera de tiempo e inconclusos.
Vía: Cerigua