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Está a punto de iniciarse el proceso de selección de los miembros de la comisión que ayudará a elegir el nuevo fiscal general en Guatemala. Pero denuncias recientes y la historia anterior indican que las élites en el poder ya han estado moviendo los hilos para manipular la conformación de la comisión y sus recomendaciones en un intento de obstaculizar una iniciativa anticorrupción que el Ministerio Público ha encabezado por varios años.
La legislación guatemalteca requiere que el congreso inicie el proceso con la creación de la “comisión de postulaciones” el 17 de enero, según información publicada por Prensa Libre. Ese organismo se encargará de postular seis posibles candidatos en reemplazo de la actual fiscal general Thelma Aldana, cuyo periodo de cuatro años termina en mayo de 2018.
La comisión de postulaciones la conforman el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente del colegio nacional de abogados y el director del comité de ética del colegio de abogados, así como decanos de las facultades de derecho elegidos por las universidades guatemaltecas.
Un reportaje de Nómada indica que dos cargos importantes de la comisión ya han desatado una polvareda política tras bambalinas. El medio informativo reveló que los dos funcionarios del colegio de abogados se hicieron a sus cargos en enero de 2017 luego de una lucha de poderes entre facciones políticas rivales que deseaban poner aliados en esos importantes cargos.
Según Nómada, ambos tienen nexos estrechos con el Partido Patriota, muchos de cuyos miembros, incluyendo al expresidente Otto Pérez Molina, han sido objeto de investigaciones por corrupción bajo la dirección del ministerio público con apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo anticorrupción avalado por las Naciones Unidas.
Análisis de InSight Crime
Las comisiones de postulación son un mecanismo intrincado, pero importante en la política guatemalteca, pues se usan para elegir los candidatos de varios cargos importantes en el sector judicial. Por la misma razón son propensas a la corrupción y la manipulación.
En el caso de la próxima comisión de postulación, que elegirá el abanico de candidatos de los que saldrá el próximo fiscal general, las apuestas de las élites corruptas son altas. Si pueden garantizar que la comisión elija una lista de nominados favorables a sus intereses, pueden evitar correr la misma suerte de Pérez Molina, quien se encuentra en prisión mientras avanza el juicio en su contra.
Como ya lo explicó en detalle InSight Crime, las élites tienen varias formas de injerencia en el proceso de selección de los miembros de la comisión de postulación y en sus votos. El ejemplo más emblemático de esta dinámica puede ser el observado en 2014, cuando poderosos actores emprendieron una campaña en varios frentes para impedir la reelección para un segundo periodo de la entonces fiscal general Claudia Paz y Paz —que se había ganado elogios de muchos sectores por la contundencia de sus acciones contra la corrupción y la impunidad—.
Las comisiones de postulación no son, ni con mucho, el único aspecto propenso a la corrupción en el sistema judicial guatemalteco. Como lo señaló el director de la CICIG Iván Velásquez en abril de 2017, casi todos los crímenes en Guatemala quedan impunes por la debilidad de las instituciones que son susceptibles en formas diversas a la manipulación de élites poderosas.
* La redacción de este artículo se realizó con la colaboración de Josefina Salomón
Puedes Leer la Nota Completa aquí: Insight Crime
