La Corte de Constitucionalidad no amparó al exjefe de la SAT y actual embajador Marco Livio Díaz Reyes, quien pedía acceso al expediente que la FECI mantiene en su contra. Con esta resolución, el ahora diplomático seguirá sin poder conocer el contenido de la investigación, pese a haber denunciado violaciones a su derecho de defensa y debido proceso.
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La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó por mayoría un amparo provisional a Marco Livio Díaz Reyes, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y actual embajador de Guatemala en Honduras, que buscaba acceder al expediente de investigación abierto en su contra por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Con esta decisión, el diplomático continuará sin conocer las actuaciones fiscales del caso identificado con el número MP001-2024-50452 y que surgió luego de haber presentado una serie de denuncias que evidenciaron un fraude millonario al Estado, cuyo caso se denominó “B410” y que involucró a empresas en un fraude de Q300 millones.
De esa cuenta, los magistrados constitucionales confirmaron la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que en enero ya había denegado el amparo provisional solicitado por Díaz. En su apelación, el exsuperintendente argumentó que se vulneraron sus derechos al debido proceso y a la defensa, pues el MP le negó acceso al expediente pese a que había sido señalado en medios de comunicación y temía una orden de captura.
“El hecho de que la Administración Tributaria, por medio de su persona, haya presentado diversas denuncias penales contra proveedores del Estado y contribuyentes que defraudan al fisco no es causal para que se ejecuten medidas de coerción que pretendan restringir su libertad, más cuando no hacerlo, implicaría incumplimiento de funciones”, se lee en el amparo del exjefe de la SAT.
Sin embargo, la CC consideró que no existía una “amenaza cierta e inminente” a sus derechos. Por ese motivo denegó la apelación y eso implica que no se le conceda el amparo provisional solicitado cuando aún ejercía el cargo de autoridad tributaria del país.
La resolución fue aprobada con el voto de los magistrados Leyla Lemus, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Néster Vásquez, Luis Rosales y Claudia Paniagua, mientras que el magistrado Rony López emitió un voto razonado disidente, al estar en contra de negar el amparo provisional.
López sostuvo que la CC debió otorgar el amparo provisional, ya que se debe garantizar el derecho de defensa del amparista (el embajador). El magistrado disidente advirtió que negar el amparo vulnera a Díaz al impedirle conocer los fundamentos de una investigación penal que podría afectarlo, lo que contraviene el artículo 14 de la Constitución que garantiza el acceso a la defensa en todas las etapas procesales.
Con la decisión mayoritaria, la Corte mantuvo en firme la negativa, por lo que el embajador seguirá sin poder acceder a su expediente en el MP.
Marco Livio Díaz se convierte en embajador
Marco Livio Díaz Reyes dejó el cargo de jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en abril de este año y tres meses después fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de Guatemala en Honduras. Actualmente, la institución tributaria es dirigida por Werner Ovalle, exviceministro de Gobernación.
Los hechos que originaron el amparo resuelto por la Corte de Constitucionalidad se remontan a diciembre de 2024, cuando Díaz aún dirigía la SAT. En ese momento denunció que la FECI, a cargo de Rafael Curruchiche, había iniciado una investigación en su contra luego de exponer un caso de defraudación tributaria en el que él actuó como denunciante, pero en el que, según afirmó, el Ministerio Público no avanzó contra las empresas implicadas.
En su acción constitucional, Díaz pidió también protección para su núcleo familiar, integrado por Hermano Darío, Julio César, Dora Consuelo Melani, Óscar Danilo, Silvia Lorena Márquez Santizo de Díaz, Pablo Danilo, Alitza Lucía y Diana Paola Díaz Márquez.
Días antes de presentar el amparo, el 5 de diciembre de 2024, la FECI allanó una empresa propiedad de familiares del entonces jefe de la SAT. El operativo se llevó a cabo en zona 15 de la capital, apenas un día después de que Díaz revelara públicamente que personas señaladas en el caso B410 habían presentado denuncias en su contra y que el MP ya había iniciado una investigación.
En esa ocasión estuvo presente Curruchiche, quien respondió que la investigación se realizaba por una denuncia, pero negó que se investigara al titular de la SAT. “Desconocemos de dónde él (Díaz Reyes) pueda tener este tipo de información. Sin embargo, no se cuenta una investigación en este momento relacionada a este tema, más allá de la denuncia que se investiga por la Fiscalía de Delitos Económicos respecto al caso B410, el cual la Fiscalía realiza las investigaciones correspondientes”, dijo.
Caso B410
El caso surgió por hallazgos de la SAT, que identificó una red de corrupción que incluiría a 410 empresas con anomalías y que podrían haber evadido hasta Q1,100 millones a través del incumplimiento en el pago del IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Una de las anomalías destaca que estas empresas comparten al mismo representante legal y contador y se relacionan con una offshore en Belice. Al menos 200 de ellas reportaron un mismo domicilio ubicado en la colonia BANVI, en la zona 7 capitalina.
La investigación detalló que, de 2021 a 2024, las empresas reportaron ventas por Q6 mil 400 millones, pero que solamente pagaron Q26 millones de impuestos, dando origen a una serie de auditorías en las que detectaron el entramado de corrupción que incluía la falsificación de documentos para constituir empresas, la negociación entre las mismas para la evasión de impuestos y con proveedores del Estado, además, la venta directa a instituciones públicas y municipalidades.
La pesquisa inicial estableció que se evadió el pago de Q300 millones, pero que tienen indicios que la misma podría representar más de Q800 millones adicionales, por lo que presentaron las denuncias ante los tribunales de justicia, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas (CGC). Por Alexander Valdéz de Prensacomunitaria